El encuentro reunió a investigadores, representantes de gobiernos y organismos internacionales para analizar cómo las estrategias de combate al narcotráfico están contribuyendo al aumento del encarcelamiento femenino en la región y a la profundización de desigualdades sociales ya existentes.

Uno de los mensajes centrales del panel fue que muchas de las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas ocupan posiciones de bajo nivel dentro de las economías ilegales y suelen haber llegado a ellas por razones estructurales como pobreza, falta de oportunidades laborales o violencia de género.

La moderadora del panel, Geras Contreras, investigadora de la Universidad de los Andes, explicó que la investigación presentada busca visibilizar el impacto que las políticas contra el crimen organizado tienen sobre las mujeres dentro del sistema de justicia penal. Según señaló, las políticas de drogas suelen aplicarse sin una perspectiva de género, ignorando las condiciones sociales que llevan a muchas mujeres a participar en economías ilegales.

Mujeres encarceladas por delitos menores

Durante el evento se subrayó que la mayoría de las mujeres encarceladas en la región lo están por delitos no violentos vinculados al narcotráfico, como transporte de drogas o distribución a pequeña escala.

En representación de Colombia durante el panel, Nathalia Sánchez García, funcionaria vinculada al trabajo diplomático del país en materia de políticas de drogas, explicó los avances de la llamada Ley de Utilidad Pública, una iniciativa que busca ofrecer alternativas al encarcelamiento para mujeres que hayan cometido delitos menores en contextos de vulnerabilidad.

Según explicó, el análisis de la población carcelaria colombiana mostró que muchas de estas mujeres no ocupaban posiciones relevantes dentro de las redes de narcotráfico, sino que habían llegado a esos delitos en contextos de marginalidad económica, con bajos niveles de escolarización y como responsables principales del sustento familiar.

“La pregunta que nos hicimos fue si el encarcelamiento es realmente la única respuesta posible”, señaló.

La ley permite que mujeres condenadas por delitos menores puedan cumplir penas mediante servicios comunitarios fuera del sistema penitenciario, con el objetivo de evitar la ruptura de vínculos familiares y facilitar su reintegración social.

Consecuencias sociales del encarcelamiento

Investigaciones presentadas por organizaciones de la sociedad civil señalaron que el encarcelamiento femenino tiene consecuencias profundas para las familias, especialmente cuando las mujeres son las principales cuidadoras de sus hijos.

Claudia Cardona, de la organización colombiana Mujeres Libres, explicó que muchas mujeres privadas de libertad enfrentan además violencia durante operativos policiales, presiones para aceptar cargos y dificultades para acceder a una defensa adecuada.

El encarcelamiento también implica, en muchos casos, la pérdida del sustento económico del hogar y la ruptura de las redes de cuidado.

Prisiones de máxima seguridad

El caso de México fue presentado por Rogelio Salgado, investigador del Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social), quien describió las condiciones del Centro Federal de Reinserción Social No. 16 (CEFERESO 16), una prisión de máxima seguridad destinada a mujeres acusadas o condenadas por delitos federales.

Según la investigación presentada, las mujeres detenidas en este tipo de instalaciones enfrentan regímenes extremadamente restrictivos, con limitaciones severas al tiempo fuera de las celdas, estrictos sistemas disciplinarios y un contacto muy limitado con el exterior.

Estas condiciones, señalaron los investigadores, pueden tener graves consecuencias para la salud mental, incluyendo ansiedad, depresión y autolesiones.

Un enfoque más represivo en la región

En conversación con este medio, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Dr. Gabriel Rossi, advirtió que el endurecimiento de las políticas penales en la región está agravando el problema.

“La prisión vinculada a mujeres que cometen delitos menores relacionados con el narcotráfico no puede ser una solución”, afirmó.

Según Rossi, este tipo de encarcelamiento agrava la situación de salud mental de las personas y tiene consecuencias directas sobre sus hijos y familias.

“Tenemos que tener políticas basadas en derechos humanos, en reducción de riesgos y daños y con perspectiva de género”, señaló.

Repensar las políticas de drogas

Fuera del panel, una representante colombiana vinculada al debate sobre políticas de drogas explicó que uno de los principales mensajes que debería llevarse la comunidad internacional de esta semana de discusiones en Viena es la necesidad de repensar las políticas actuales basándose en evidencia.

“La evidencia muestra que la manera en la que estamos pensando hoy las políticas de drogas necesita repensarse”, señaló.

Según explicó, una parte fundamental del debate es comprender por qué muchas personas terminan involucradas en estas economías, lo que en el caso de América Latina está relacionado con factores como pobreza, cultivo ilícito, tráfico y falta de oportunidades.

Para la representante, abordar estas causas estructurales permitiría desarrollar respuestas más efectivas que las estrategias exclusivamente represivas.

ONU Mujeres pide políticas de drogas con enfoque de género

En un mensaje transmitido por video, Sara Douglas, representante de UN Women, subrayó que las experiencias específicas de las mujeres siguen siendo insuficientemente comprendidas en las políticas internacionales de control de drogas. Según explicó, muchas mujeres terminan involucradas en economías ilegales debido a factores estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades laborales, la ausencia de sistemas de protección social y las responsabilidades de cuidado familiar. Douglas advirtió que las políticas punitivas han contribuido al aumento del encarcelamiento femenino en diversas regiones y han profundizado ciclos de exclusión social que afectan no solo a las mujeres, sino también a sus familias. “Las políticas de drogas no son neutrales desde el punto de vista de género”, afirmó, al tiempo que destacó la necesidad de incorporar enfoques basados en derechos humanos, igualdad de género y alternativas al encarcelamiento para delitos no violentos.

Derechos humanos y políticas de drogas

También intervino por videoconferencia Hannah Wu, jefa de la sección de Derechos de las Mujeres y Género de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien subrayó que el encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con drogas se ha convertido en una cuestión creciente de derechos humanos.

El evento fue organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el apoyo de Colombia, Uruguay, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (UNAIDS), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), ONU Mujeres, el Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social), la Corporación Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Elementa DDHH, el International Drug Policy Consortium y la International Network of Formerly Incarcerated Women (INFIW).