Por eso, peruanas y peruanos de las comunidades en el exterior tenemos la tarea de exponer los hechos más relevantes que contribuyan a un esclarecimiento y a una mayor internacionalización de la solidaridad con la protesta de amplios sectores de la población. Más aún cuando la crisis social y política es compleja y prolongada.
La inestabilidad política y la crisis económica que vive el Perú tiene su antecedente en las décadas de los 80 y 90, cuando la producción del país cayó a niveles extremos, la inflación (especialmente con el gobierno de García 1985 – 90) fue astronómica y el pago solo de los intereses de la deuda externa no era posible sin endeudarse nuevamente.
Desde el gobierno de Fujimori (1990 – 2000) se ha impuesto unas reformas económicas neoliberales más extremas de la región, de privatizaciones, de entrega de los recursos naturales a empresas transnacionales y de todo un “modelo económico” que con la actual pandemia ha mostrado su verdadero rostro de falsa prosperidad. La mayoría de la población, que se afirmaba haber salido de la extrema pobreza, se encuentra nuevamente en peligro de volver a esos niveles a pesar de que el Perú tiene enormes recursos naturales, especialmente minerales. Se sabe que el sector informal comprende a la mayoría de la fuerza laboral y con la pandemia ha llegado a constituir más del 70% de la población económicamente activa. Además, se fortaleció y consolidó la corrupción, modus operandi de los gobiernos de Alan García, Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alfredo Toledo.
Las legítimas y democráticas protestas sociales que condujeron al éxito de la primera Marcha de los Cuatro Suyos (2000), lograron la caída del gobierno dictatorial de Fujimori y Montesinos, esto permitió la formación de un gobierno de transición hacia una nueva etapa democrática con la tarea de organizar elecciones democráticas y transparentes, sino también iniciar la lucha contra la corrupción generalizada junto a cambios del sistema político perverso que estaba instaurado. Uno de los elementos de este proceso tenía que ser una nueva constitución. Valentín Paniagua como presidente no era precisamente un izquierdista radical.
El gobierno que le sucedió, el candidato que convocó a la Marcha de los Cuatro Suyos, Alejandro Toledo, pronto dio marcha atrás con las tareas que se comprometió, en particular con la convocatoria a una nueva constitución.
Todos los gobiernos posteriores continuaron sometidos al “modelo económico neoliberal y extractivista” dictado por los grupos de poder oligárquicos. Cualquier iniciativa de reformas democráticas fue postergada o rechazada. Así la corrupción permaneció y se consolidó creándose las condiciones para el retorno del fujimorismo. En este largo período se han sucedido gobiernos con programas de centro: Toledo (2000 – 2005), Sagasti (2020 – 2021), de izquierda Humala (2011 – 2015) y de derecha Pedro Pablo Kuczynski (2016 -2018) y Martín Vizcarra (2018 – 2021).
Frente a estos gobiernos el movimiento social del Perú ha intentado todas las posibilidades de lograr reformas económicas y políticas democráticas, desde las demandas laborales con pliegos petitorios, mesas de diálogo y paros sectoriales. Pero todas las demandas económicas, especialmente las socioambientales ante el atropello de los consorcios extranjeros, han sido respondidas con la indiferencia, las falsas promesas, represión y masacre por los sucesivos gobiernos (por ejemplo, en Conga, Bagua, Tía María, Las Bambas, etc.). Se afianzó una democracia debilitada y la postergación de derechos y políticas públicas. Al mismo tiempo se fortalecieron posiciones conservadoras, fundamentalistas y patriarcales que han excluido históricas demandas de mujeres, poblaciones indígenas de la Amazonía y los Andes, LTGBI, jóvenes y otros grupos poblacionales que demandan cambios específicos para una democracia real, justicia e igualdad social, política y económica. Es urgente la necesidad de un nuevo pacto social que enfrente el racismo, la exclusión, el patriarcado para desmontar los sistemas de poder hegemónicos, tutelares y de facto.
Finalmente, ante el repudio creciente al fujimorismo en las últimas elecciones, cuando la candidata Keiko Fujimori fue denunciada por escándalos de corrupción y financiación ilegal de empresas corruptas como Odebrecht, posibilitó que un candidato sin mayor posibilidad de ganar se convierta en una salida electoral para la mayoría anti fujimorista. Tomando el ejemplo del gobierno de Trump en los EE. UU. la derecha extremista perdedora de las elecciones se embarcó en una falsa acusación de fraude para no reconocer al nuevo gobierno. El papel de la prensa hegemónica ha sido protagónico en toda esta etapa, en especial durante la campaña electoral, y desde el primer día del nuevo gobierno. Así, se ha promovido una deslegitimación, donde toda sospecha de corrupción era causal de vacancia, para que no se aplique ninguna medida del programa ganador.
El nuevo gobierno se redujo a perdurar en el poder y si bien no podía llevar adelante su programa, en la mayoría de los espacios de gestión, como en la conformación de gabinetes y nombramientos de funcionarios fue errático y con indicios de actos de corrupción que llegaron hasta el entorno del presidente. Varios funcionarios envueltos en estas denuncias desaparecieron para luego entregarse ante la fiscalía como colaboradores eficaces (por ejemplo, el secretario presidencial: Bruno Pacheco) o se dieron a la fuga (como el exministro de Vivienda: Juan Silva).
El clima político a principios de diciembre era de crispación, las reformas constitucionales que el parlamento aprobó hacían imposible el cierre legal del Congreso. De este modo y con el copamiento de la fiscalía de la Nación y del Poder judicial por sectores conservadores rompieron con el equilibrio de poderes. Era cuestión de tiempo para ver qué poder daba primero el golpe de estado. El 7 de diciembre no hubo solo un golpe de estado, en realidad ocurrió un golpe fallido del ejecutivo y otro golpe efectivo del parlamento con las fuerzas armadas y policiales. El golpe del ejecutivo y el intento de asilarse en la embajada de México legalizaron formalmente el segundo golpe del parlamento, que en una nueva vacancia exprés colocó a la vicepresidenta, que a todas luces había negociado su ascenso al gobierno con las fuerzas de derecha. Así, con un trámite informal y sin respetar las normas de desaforo a un expresidente se procedió a su encarcelamiento y un proceso por rebelión sin mayores garantías judiciales. El autogolpe fallido del ejecutivo gatilló y consolidó el golpe de Estado del legislativo, el pacto y negociación política de la vicepresidenta Dina Boluarte con el Congreso, las FFAA y policiales, dando lugar a una fórmula ya utilizada, militarización, institucionalización de la violencia estatal, debilitamiento del Estado de Derecho (violaciones a los derechos humanos: asesinatos, desapariciones, allanamientos, detenciones arbitrarias, violencia sexual dirigida a las mujeres por miembros de las FFAA y policiales, acusaciones sin pruebas, etc).
Como podemos ver, todos los caminos legítimos de luchar contra la corrupción, la falta de representatividad de las autoridades elegidas, el transfuguismo y los canales de diálogo para la solución de las demandas y un enorme embalse social de ninguneo a la opinión pública y a las regiones postergadas por los sucesivos gobiernos han llevado a un desborde social, donde grandes sectores del pueblo no tienen otra opción sino de la protesta, y aun sin representantes políticos, realizar sus demandas políticas para no permitir que los escasos márgenes democráticos sean anulados y se tenga que someter a una gobernante tránsfuga que gobierna para las fuerzas de derechas que precisamente perdieron en las últimas elecciones.
Una de las pocas encuestas serias, la del Instituto de Estudios Peruanos IEP a principios de este mes de enero, ha rebelado datos muy importantes. En primer lugar, el apoyo de la población a la protesta social es mayoritario, incluso llega a un 70% en la juventud de la capital. La aprobación a una nueva Constitución llega a 60%, el rechazo a la presidenta Dina Boluarte ha crecido al 78% y el rechazo al parlamento llega a más del 90%.
Pero lo que ha exacerbado el desborde social ha sido la brutal represión desatada que produjo la muerte en todo el mes de diciembre de 34 peruanos, desde la primera víctima de 15 años en Andahuaylas, el 11 de diciembre, luego 7 muertes en Ayacucho, el 15 del mismo mes, así como otras muertes en Arequipa, Virú-La Libertad, en Junín, Cusco y otras regiones. Frente a las fiestas de Navidad y Año Nuevo se produjo una tregua de la protesta social. Tiempo en que el gobierno pudo haber buscado una salida política, dar paso al diálogo y a una investigación seria de las responsabilidades en las muertes y atender a las demandas urgentes. Pero nada de esto sucedió, sino todo lo contrario cada declaración de Dina Boluarte y de su primer ministro Otárola resultó insultante e incendiaria.
La protesta social se reanudó el 4 de enero y esta vez para enfrentar una mayor represión. El punto de quiebre se produjo en la ciudad de Juliaca, donde en un solo día, el fatídico 9 de enero, se produjeron 17 muertes y muchos heridos graves y al día siguiente un policía quemado en su patrullero, posteriormente falleció uno de los heridos graves. La posibilidad de un diálogo y un entendimiento se ha hecho imposible por esta nefasta política del ejecutivo y la mayoría parlamentaria. Este régimen se encuentra aislado, porque que solo se basa en el apoyo de las fuerzas policiales y militares, de los medios de comunicación hegemónicos y del sector más conservador del empresariado. Es decir, una minoría del país elitista, excluyente y racista. El desborde social se ha extendido a casi todo el país y ya suma cerca de 60 muertes y más de 1,500 heridos. Se continúa con la criminalización de la protesta, las demandas y el terruqueo contra los actores sociales, de la mano de la militarización y el uso de la violencia institucionalizada.
A pesar de que las marchas no cuentan con representantes reconocidos, la mayoría que protesta ha aprendido de las duras lecciones acumuladas en décadas y ha formulado sus demandas concretas, pero muy razonables:
• CESE A LA REPRESIÓN CRIMINAL CONTRA LAS PROTESTAS POPULARES Y SANCIÓN A LOS RESPONSABLES, es decir justicia real.
• RENUNCIA DE DINA BOLUARTE Y TODO SU GOBIERNO.
• RENUNCIA DE LA DIRECTIVA DEL CONGRESO como paso previo al cierre del Congreso, por ser corrupto, golpista y uno de los factores de la actual crisis.
• NUEVAS ELECCIONES GENERALES este año 2023.
• INICIO DEL PROCESO DEMOCRÁTICO PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN a través de un REFERÉNDUM junto a las nuevas elecciones generales que signifique un nuevo pacto político-social con la participación amplia de aquellos sectores invisibilizados y excluidos históricamente: mujeres, indígenas, jóvenes, LGBTI, desempleados, trabajadores, etc.
Es de destacar, que la inmensa mayoría de los sectores que protestan rechazan cualquier desmán o vandalismo y sobre todo descartan cualquier vinculación con el terrorismo. El movimiento social sabe muy bien que cualquier deriva terrorista es el fracaso de este histórico movimiento que expresa la voluntad de las mayorías. Por eso, ha emprendido la Segunda Marcha de los Cuatro Suyos hacia Lima desde la semana pasada, también llamada La toma de Lima.
Los últimos días, se han producido las primeras víctimas mortales en el centro de Lima, pero el movimiento no se detiene. El pueblo sabe qué conseguir estas demandas costará vidas y un agravamiento de su situación económica, pero no va a retroceder hasta conseguir una salida democrática. Además, los que participan en las protestas saben que no hay una solución ideal, pero que sería peor dejar que se consolide un régimen que tiene todas las características de ser una dictadura que pretende cerrar los pocos espacios democráticos que se lograron en las últimas generaciones y continuar con el nefasto “modelo económico” en beneficio de una élite oligárquica antidemocrática y centralista.
Por estas razones, solicitamos al gobierno austriaco, a todas las instituciones y personas en Austria para que se pronuncien ante la grave violación de los derechos humanos, sobre la crisis del Perú y se solidaricen con la legítima protesta social de la mayoría del pueblo peruano.
Por: Solidaridad Austria-Perú por la Democracia. Enero-febrero del 2023.
PRONUNCIAMIENTO en línea> Pronunciamiento contra la represión y violación de derechos humanos en el Perú
Y en este enlace se puede ver el pronunciamiento inicial del Colectivo "Solidaridad Austria-Perú por la Democracia" en los idiomas español, alemán e inglés: ENLACE
